Publicado el 26 de enero de 2026
La Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Regional de La Araucanía, resolvió desestimar una denuncia presentada en contra del concejal de Victoria, Gabriel Toro Gallardo, relacionada con un supuesto incumplimiento del deber de abstención y un eventual conflicto de intereses en materias del DAEM de Victoria.
Según el oficio oficial emitido el 14 de enero de 2026, el organismo fiscalizador no acreditó la existencia de un conflicto de intereses, ni una vulneración al principio de probidad administrativa, descartando así las acusaciones formuladas.
La resolución señala que, tras analizar los antecedentes y conforme a la normativa vigente, no correspondía atribuir responsabilidad administrativa al concejal denunciado.
El pronunciamiento fue remitido al alcalde de la Municipalidad de Victoria, a la Dirección de Control Interno y al denunciante, dando por cerrado el proceso administrativo.
Este fallo reafirma la importancia del debido proceso y del rol de la Contraloría como órgano autónomo de control, encargado de resolver conforme a derecho.

















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