Publicado el 09 de marzo de 2026
La foto es conocida: cientos de personas trabajan año tras año en las municipalidades de la región. Cumplen horario, tienen jefatura, realizan funciones permanentes. Pero su vínculo con el Estado no es un contrato de trabajo, sino un «honorario». Una ficción jurídica que le ahorra obligaciones al empleador, pero que condena a miles de familias a la precariedad.
🏛️ EL LÍMITE QUE IMPONE LA CONTRALORÍA
La Contraloría ha sido clara: los honorarios en la administración municipal tienen un carácter excepcional. Según el artículo 4° de la Ley N°18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), esta modalidad solo procede para labores «ocasionales, específicas, puntuales y no habituales». Es decir, para asesorías de expertos en materias determinadas, no para sostener el funcionamiento permanente del municipio.
Pero en la práctica, esa excepcionalidad se ha convertido en regla. Miles de personas son contratadas año tras año bajo el mismo código, realizando las mismas funciones, pero sin los derechos que tendría cualquier trabajador del sector privado.
⚖️ LO QUE DICEN LOS TRIBUNALES
La jurisprudencia reciente ha comenzado a poner orden. Durante 2025, la Corte Suprema acogió demandas de relación laboral contra diversas municipalidades, reconociendo que trabajadores que se desempeñaron por años en funciones habituales no podían seguir siendo considerados «honorarios».
Los fallos han ordenado a los municipios pagar indemnizaciones millonarias, más las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía de todo el período trabajado. El razonamiento de la Corte es implacable: cuando hay jornada, cumplimiento de instrucciones, control sobre las tareas y remuneración mensual, estamos ante una relación laboral regida por el Código del Trabajo, aunque el contrato se haya disfrazado de honorarios.
Municipios como La Pintana y Cauquenes ya han enfrentado sentencias en este sentido, donde la Corte Suprema reiteró que las funciones habituales y permanentes no pueden sostenerse bajo la excepcionalidad del artículo 4° de la Ley 18.883.
💸 EL COSTO DE NO REGULARIZAR
Y aquí viene la paradoja: los municipios usan honorarios porque creen que así ahorran. Pero el costo final es mucho mayor. Porque cuando los trabajadores demandan y los tribunales les dan la razón, las municipalidades terminan pagando:
- ✅ Indemnizaciones por años de servicio.
- ✅ Recargos legales del 50%.
- ✅ Cotizaciones previsionales de todo el período (muchas veces con intereses).
- ✅ Costas judiciales.
Ochocientos millones de pesos pagó solo la Municipalidad de La Pintana entre 2017 y 2025 en juicios y acuerdos extrajudiciales por honorarios mal calificados. Dinero que bien podría haberse usado para regularizar a esos trabajadores y evitar el desgaste institucional.
🧾 LA PRECARIEDAD COTIDIANA
Mientras los tribunales discuten, los trabajadores a honorarios viven en un limbo. No pueden pedir un préstamo hipotecario porque no tienen contrato indefinido. No acceden a créditos de consumo porque su ingreso no es «estable» a ojos de los bancos. No tienen derecho a feriados, ni a fuero maternal, ni a indemnización si mañana les dicen «no te renuevo». Y lo más grave: muchas veces pasan años sin que se les paguen las cotizaciones previsionales, hipotecando su propia vejez.
🔧 LO QUE DEBERÍAN HACER LOS LEGISLADORES
La solución no es compleja. Requiere voluntad política para modificar el estatuto administrativo municipal y permitir que las municipalidades puedan contratar directamente bajo el Código del Trabajo para funciones permanentes, sin las trabas burocráticas que hoy las empujan a usar honorarios como fórmula fácil.
La Ley N°21.526 (diciembre de 2022) ya facultó a los alcaldes para modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorarios y traspasarlas al Código del Trabajo, con recursos adicionales desde el fisco. Pero su aplicación ha sido desigual y, en muchos casos, simplemente ignorada.
Lo que falta es una reforma que:
- ✅ Permita la contratación directa bajo Código del Trabajo para funciones permanentes.
- ✅ Obligue a los municipios a regularizar en plazos razonables a quienes ya llevan años en la misma función.
- ✅ Sancione a las administraciones que sigan usando honorarios para encubrir relaciones laborales.
🌱 UNA DEUDA PENDIENTE
Mientras esto no ocurra, los trabajadores a honorarios seguirán siendo ciudadanos de segunda. Sin acceso a crédito, sin protección social, sin estabilidad. Y los municipios seguirán pagando millones en juicios, en lugar de gastar esos mismos recursos en regularizar lo que debieron regularizar hace años.
No se trata de buena voluntad. Se trata de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y de dignidad para quienes, día a día, sostienen el funcionamiento de nuestras comunas.
Carlos Gallegos
📻 Radio La Voz de Malleco
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